El Banco Central Europeo ultima un documento para modificar la normativa de resolución y poder imponer una moratoria o corralito cuando una entidad tenga problemas de liquidez.
La crisis que se llevó por delante a Banco Popular está sirviendo para que los responsables de supervisar y regular el sector bancario saquen conclusiones. Una de las principales lecciones aprendidas es que en el caso de una crisis de liquidez y fuga de depósitos como la sufrida por la entidad española (ahora integrada en el Grupo Santander) son necesarias más herramientas de las que hasta ahora preveía la Unión Bancaria.
El pasado 19 de junio, la máxima responsable del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, reconoció en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios que sería conveniente dar nuevos poderes a las autoridades supervisoras y de regulación “con el fin de reaccionar con la necesaria flexibilida
Nouy y el resto de responsables del MUS están estudiando la posibilidad de crear nuevas herramientas de preresolución, como sería una moratoria que limitara los grandes movimientos de liquidez durante un tiempo determinado mientras las autoridades deciden la mejor solución para una determinada entidad. Es decir implantar un corralito.
El Banco Central Europeo ultima una opinión (un dictamen legal específico de este organismo) en la que abordará la conveniencia de una moratoria de resolución, así como la forma de implementarla. Así lo ha señalado la propia Nouy en una carta de respuesta a una pregunta del eurodiputado Ernest Urtasun.
Aunque aún no está fijada la fecha concreta para que este documento vea la luz, la idea es que en los próximos meses los legisladores europeos puedan contar con él para decidir qué cambios legales serán necesarios en la directiva y el conjunto de la normativa de resolución bancaria.
“Tras la crisis de Popular ha quedado claro que había una serie de vacíos en la normativa y en el sistema de resolución”, opina Nicolas Veron, miembro de los think tanks Bruegel y Peterson Institute.
Para este experto en finanzas, no será necesaria una reforma en profundidad de las directivas europeas, ya que en su opinión con algunos ajustes se podrán reforzar las herramientas de resolución de la zona euro.
El mecanismo ya existe
La idea de una moratoria que permita a las autoridades europeas congelar los activos de una entidad que esté sufriendo una fuga de depósitos o na crisis de liquidez no es algo completamente nuevo. De hecho, países miembro como
Malta ya cuentan en su normativa nacional con este tipo de herramienta legal para imponer restricciones temporales a las salidas de depósitos de un banco con problemas.
La propia Comisión Europea, en la presentación que realizó el pasado mes de noviembre de su paquete legislativo sobre resolución bancaria ya detectó una “falta de efectividad en las actuales reglas” y proponía llevar a cabo cambios para contar con unas herramientas de moratoria que “de forma amplia se podrían definir como los poderes para suspender pagos y limitar las obligaciones temporalmente y/o prohibir temporalmente la contratación de nuevas obligaciones”.
Los legisladores europeos que contarán dentro de unos meses con la opinión del BCE preveían ya escenarios en los que serían necesarios estos nuevos poderes de moratoria.
Entre otras eventualidades, se impondrían límites a la retirada de depósitos o al pago de deudas cuando se considerara imprescindible para estabilizar la liquidez de una entidad, para garantizar los fondos en una fase de pre-resolución, para restablecer los niveles de capital de un banco o para prevenir un posible aumento descontrolado de la financiación garantiza.
