Los ayuntamientos españoles están lejos de las grandes ciudades europeas en materia de transparencia y control financiero, según el estudio La auditoría de los entes locales en la Unión Europea, elaborado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. “En España no se realiza una auditoría anual y completa sobre las cuentas de los entes locales salvo en Barcelona y en los grandes municipios de Navarra”, señala el presidente de la entidad, Mario Alonso Ayala.
El estudio demuestra que economías teóricamente menos relevantes que la española, como la griega o la portuguesa, han avanzado notablemente en el control de las cuentas de los ayuntamientos y superan ya a nuestro país. En la mayoría de los países europeos se realizan auditorías todos los años, con diferentes modalidades, de las cuentas de las grandes ciudades.
En Europa, aseveran los Censores, existe una tradición de supervisión basada en la colaboración público-privada que apenas está desarrollada en España, donde hasta ahora no era obligatorio auditar las cuentas en el ámbito municipal. Países como Francia, que basaban la supervisión en un modelo exclusivamente público, están avanzando hacia este tipo de cooperación, mientras que Grecia y Portugal lo han confiado en el sector privado. Ahora bien, la situación puede cambiar, y mucho, en los próximos tiempos.
El Gobierno aprobó recientemente el Real Decreto que hará obligatorias las auditorías públicas a las más de 19.000 entidades que, hoy por hoy, componen esa órbita administrativa. La norma viene a cubrir un vacío inmenso, ya que solo un 6 por ciento de estos entes –según datos facilitados por la consultora EY a este periódico– lleva a cabo un control interno y público adecuado al estilo del que se aplican, desde hace tiempo, comunidades autónomas y Estado.
TI sí cree en las excepciones
Más allá de los datos de los Censores Jurados, Transparencia Internacional (TI) refleja, en un reciente informe, que los municipios sí se han empezado a tomar en serio la rendición de cuentas a los ciudadanos y demuestran, año a año, una notable mejora en aspectos como participación ciudadana, transparencia económica, financiera, de contrataciones y subvenciones o derecho de acceso a la información. En este sentido, y en una clasificación de los 110 ayuntamientos más poblados, la entidad sitúa a Madrid, Barcelona, Bilbao o Alicante en lo más alto de la lista, con una puntuación de 100 sobre 100. Almería es colista con 44 sobre 100.
